Ahora, esta crítica situación ha llevado al estallido social al que asistimos actualmente, pero es necesario precisar que la causa de esta problemática social no radica únicamente en este gobierno, sino que viene de mucho más atrás y compromete en general a todo el ordenamiento económico y político al que ha estado sometido por muy largo tiempo el pueblo colombiano. Es cierto que el gobierno de Santos, acorde con la “solución” que a los problemas sociales siempre le han dado los gobernantes de este país, ha incumplido los pactos establecidos y cuando la gente, agotada su paciencia y su espera, ha salido a protestar y a reclamar, la única respuesta que le ha dado ha sido la habitual: negar el hecho y decir que no hay paro, que sólo son unas minorías de revoltosos; descalificar la protesta señalando que está infiltrada y acudiendo a la acusación de “terrorista”, acusación con la que hoy por hoy se pretende invalidar cualquier reclamación popular; y apelando a la represión física, disponiendo de gran número de policías que al querer impedir por la fuerza la justa protesta, termina por llevar el conflicto a las formas de la confrontación violenta. Es indudable que este modo de pretender acallar los reclamos de la población, que este antidemocrático recurso de criminalizar la protesta social y de no ofrecer un diálogo sincero y a tiempo, sino de pasar reportes de cuántos detenidos se han presentado y cuántos están en vías de judicialización, no puede sino enardecer e indignar a quienes, frente a su difícil situación económica y social, solo reciben en respuesta desconocimiento, represión, amenazas y cárcel. Pero es necesario insistir en que la respuesta de este gobierno solo es la continuación de la de los otros que lo han antecedido, pues basta con recordar que el presidente anterior, Álvaro Uribe, el mismo que ha salido a decir que lo que está faltando es autoridad (léase en su vocabulario: más represión), fue el que contra el sentir de una inmensa mayoría firmó los TLC, argumentando que traerían la bonanza económica del país, aunque se le advirtió desde todas partes sobre las graves consecuencias que acarrearía, por ejemplo, para el sector agropecuario nacional; pero también ese presidente fue el que, según su extraña manera de entender la patria, le entregó prácticamente todo el territorio nacional a cuatro o cinco multinacionales mineras para que tras explotar nuestros recursos naturales puedan partir con sus riquezas a otros países, dejándonos a nosotros la desertización de nuestros suelos y la profunda afectación de las tradiciones culturales de nuestros pueblos; en fin, es el mismo presidente que exoneró de cargas impositivas a las grandes empresas internacionales, mientras con “mano firme” reducía los salarios de los trabajadores y hasta les quitaba las horas nocturnas a los simples vigilantes. Conviene, pues, entender que el paro agropecuario que ahora se lleva a cabo, extendido también a transportadores, pequeños mineros, trabajadores de la salud, estudiantes y el común de la gente, no tiene como origen el actual gobierno, dado que la lamentable y reprobable actitud de éste no hace sino continuar la de otros gobernantes anteriores, todos caracterizados por su incapacidad de reconocer los problemas del pueblo colombiano y por su nula voluntad para construir una sociedad justa y equitativa.

Lo que le da un tono singular y no visto durante décadas a la actual protesta, es la masiva manifestación de la población en su conjunto. Viendo las cosas desde Tunja, donde me sorprendió el paro, lo que más me ha impresionado es la identificación de los pobladores con la lucha de los campesinos, al punto que emociona escuchar a gente que si bien está perjudicada, por ejemplo, por no poder transladarse a Bogotá o a otra ciudad, dice que su perjuicio debe aceptarse en aras del interés colectivo que se persigue. También es impactante ver en las nutridas manifestaciones y cacerolazos los rostros del hombre y de la mujer de la calle, sumados a lo que empiezan a intuir como una reivindicación que no sólo es de los campesinos sino que concierne a todos los colombianos del común. Este claro sentimiento de unidad popular que empieza a fermentar en Colombia, es también ejemplar por su propósito pacifista, el cual, infortunadamente, se ha visto afectado o por la virulencia de las fuerzas policivas o por el aprovechamiento que alguna minoría ha hecho de la situación para adelantar formas reprobables como las del saqueo a establecimientos comerciales. Pero estos hechos excepcionales de violencia no pueden llevar a desconocer que el 95% o más de quienes hoy protestan lo hacen de forma pacífica, incluso aunque acudan al recurso del bloqueo de vías pues, como lo ha dicho un campesino en televisión, no queda otro medio para hacerse oír de unos gobernantes que son sordos ante la simple palabra que les reclama por sus derechos sociales. Por último, no está de más resaltar que esta explosión espontánea a la que hoy asistimos, es una expresión social que muestra cuan profundamente aislados del pueblo colombiano se encuentran todos los partidos y movimientos políticos, los que ahora desnudan no sólo que no tienen reconocimiento en el común de la gente, sino que su forma de hacer política, en lugar de estar vinculada a los intereses de las mayorías y a la solución de los problemas de éstas, se reduce a no más que tramitar maquinarias electorales y adelantar manejos personalistas de los recursos del Estado, de esos recursos que escasean para resolver las necesidades vitales de nuestra población, escasez de ellos, por un lado, porque los poderosos de este país están exentos de tener que aportar lo que deberían, y, de otro lado, porque la inmensa mayoría de los dirigentes políticos sólo asumen su condición de gobernantes para su propio beneficio personal o el de las maquinarias y clientelas que los sostienen.

Carlos Mario González
Miembro Corporación Cultural Estanislao Zuleta 2007 - 2015
Profesor Universidad Nacional de Colombia
Asociado de CONFIAR Cooperativa Financiera